Fuente: Editorial Boletín Systep, 26.04.18
Considerando la continua transformación que está experimentando el sector eléctrico (nueva ley de transmisión y futura reforma a la ley de distribución), junto con el potencial aumento de la generación distribuida y la introducción de nuevas tecnologías, se enfrenta un escenario donde los consumidores chilenos debieran adoptar una postura más proactiva, tanto en la discusión regulatoria como en los cambios tecnológicos, los cuales afectarán directamente sus tarifas eléctricas y la calidad de su suministro. En la escena internacional, los consumidores frecuentemente cumplen un rol proactivo. Por ejemplo, en el Reino Unido y en Australia los consumidores participan directamente en los servicios complementarios, ofreciendo control de frecuencia. En Corea se ha permitido a los agregadores de demanda participar en el mercado. En muchos países (Canadá, EEUU, Dinamarca, Holanda, entre otros) se ha fomentado la generación residencial a través del net metering o del net billing.
Es también frecuente la existencia de organizaciones de consumidores, que permite aumentar la visibilidad de estos, participando en discusiones regulatorias y en la incorporación de nuevas tecnologías. Algunos ejemplos de estas asociaciones son la APPA (American Public Power Association) en Estados Unidos, la EIUG (Energy Intensive Users Group) en Gran Bretaña, o la IFIEC (International Federation of Industrial Energy Consumers) en Europa. En el caso de la APPA, su trabajo es proteger los intereses de sus asociados frente al congreso, la Casa Blanca, agencias administrativas, entes regulatorios y tribunales. Su objetivo es empoderar a todos sus miembros para que trabajen en conjunto en problemas recurrentes del sector, logrando construir comunidad. En cuanto al EIUG, es una organización que vela por la seguridad del suministro de energía a nivel industrial, considerando precios competitivos internacionalmente.
Su trabajo es representar los intereses de los consumidores de energía en cuanto a la liberalización de los mercados de gas y electricidad. Finalmente, la IFIEC representa los intereses de los consumidores de energía a nivel industrial en Europa, para todos aquellos clientes en que la energía representa una componente importante de sus costos de producción, siendo clave para posicionarse de buena forma dentro de la competencia. La misión es asegurar un mercado eléctrico y de gas abierto, transparente y competitivo, para que los consumidores puedan negociar las mejores condiciones posibles, adaptadas a los distintos perfiles que tengan en cuanto a demanda, continuidad, flexibilidad, duración y precios. Resulta evidente la importancia que adquieren las organizaciones de consumidores para representar y defender los intereses de los mismos. En el plano local la situación es lamentable. Los consumidores (y los ciudadanos) no poseen un espacio claro para participar en las discusiones regulatorias y tecnológicas, debiendo aceptar las decisiones que tome la autoridad, pudiendo enfrentar situaciones en las que se verán desfavorecidos.
A partir de la nueva ley de transmisión, los consumidores son responsables de remunerar toda la transmisión eléctrica, asumiendo por ejemplo un plan de expansión del sistema de transmisión, propuesto por la autoridad, que tiene un costo de inversión proyectado de US$ 2.684 millones. Si bien la política eléctrica resuelve que esta forma de remuneración finalmente beneficia al consumidor final, actualmente no existen mecanismos simples para solicitar aclaraciones o cuestionar esas inversiones con un tiempo razonable de análisis. En el mismo ámbito, debiera preocupar al consumidor final el aumento en el presupuesto del Coordinador Eléctrico Nacional, que también es remunerado por los consumidores.
Entre el año 2017 (CDEC SIC y CDEC SING) y el año 2018 (Coordinador Eléctrico Nacional) se produjo un aumento en el presupuesto de este organismo integrado de un 54% aproximadamente, diferencia financiada por los consumidores en relación con la energía consumida. Si bien este aumento puede justificarse, no hay mecanismos de participación en la definición y correcta ejecución del presupuesto final, en donde los clientes puedan dar su opinión sobre un aspecto que, aunque de manera moderada, afecta directamente sus tarifas finales.
Otra materia que debiera preocupar al consumidor final es el alto traspaso de clientes regulados a clientes libres que ha tenido lugar recientemente y que podría producir distorsiones y aumentos en las tarifas de los clientes que seguirían siendo regulados, considerando la disminución de la demanda y una posible sobrecontratación del sistema. Como se observa en la proyección de la CNE en su informe de licitaciones 2017, existe un incentivo para que todos aquellos clientes regulados, que tienen la posibilidad de pasar a ser libres, lo hagan, debido a las diferencias existentes en los precios de la energía.
Otro tema que afecta a los consumidores es el avance en la formulación del reglamento de los servicios complementarios. Bajo el esquema legal vigente la demanda está obligada a financiar los costos asociados a la variabilidad introducida por los generadores intermitentes, sin haber tenido opción de participar en esta discusión. Entendiendo que los intereses de los consumidores están relacionados con recibir electricidad de calidad, segura y al menor precio posible, es que debiese formar parte de sus prioridades el estar atentos a todos los posibles cambios regulatorios que se puedan dar, buscando participar activamente en las discusiones regulatorias para defender estos intereses. La necesidad de crear una nueva institucionalidad defensora del consumidor final (o fortalecer la existente) surge como una prioridad de la política pública. El fortalecer las oportunidades de defensa de los grandes consumidores que ofrece la acción de organismos como ACENOR o el Consejo Minero también es algo que puede ser explorado. Se anticipan nuevos desafíos para los consumidores y deben estar preparados y ser partícipes de las discusiones tarifarias y regulatorias.
