La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados calculó que el proyecto de transición energética del Ejecutivo subirá las cuentas de la luz en $11 por kWh de consumo. El Gobierno estima un alza de $1/kWh, y senadores ya piden subsidios ante el incremento que se espera para los usuarios residenciales.
Santiago, 23 de julio de 2023
Fuente: El Mercurio
Abril de 2016. El entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, defendía intensamente el rol de las energías renovables no convencionales (ERNC) y la promesa del gobierno de Michelle Bachelet de tener una matriz energética más limpia. ‘En la Política Energética 2050 nos hemos fijado una meta importante: en 2035 tenemos que llegar a un 60% de energías renovables (incluyendo hidroelectricidad) en nuestra matriz y subir a 70% en 2050. Alemania, reconocida internacionalmente por la velocidad con que está avanzando en su transición a las energías limpias, tiene un plan para alcanzar una cuota renovable entre 50% y 60% en 2035. Es decir, estamos siendo tan ambiciosos como Alemania’, sostuvo.
Hoy, siete años después, las empresas renovables viven una crisis. En simple, los precios de largo plazo acordados por las renovables con clientes regulados, es decir, firmas que participaron en las licitaciones de suministro y tienen contratos, no son suficientes para cubrir y financiar los suministros contratados. La gran mayoría de este tipo de energía se concentra en el norte, pero el gran consumo se localiza en la zona centro-sur, por lo tanto, no habiendo líneas de transmisión suficientes que permitan transportar la energía de norte a sur, gran parte del día estas plantas renovables tienen cero retorno y deben comprar energía cara en el mercado —a costo marginal— para cumplir los contratos pactados. Por ejemplo, algunas empresas tienen contratos a 15 o 20 años, a precios de entre US$ 35 y US$ 45 por MWh, pero el costo marginal real de energía, en mayo, varió entre los US$ 106 y US$ 138 MWh, dependiendo del punto de inyección.
En la actualidad, las ERNC ya representan el 43% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sin embargo, su participación en la producción de energía es baja. En mayo, el 56% de la generación fue térmica, frente a un 16% solar y al 12% que provino de fuentes eólicas.
‘Hubo un error del Estado, que no planificó y aseguró que la tarifa iba a bajar y, al contrario, está subiendo, y al mismo tiempo no se controlaron las inversiones en energías renovables’, dice el senador Rafael Prohens (RN), de la Comisión de Minería y Energía.
Las cuentas de la luz ya anotan un aumento este año. De acuerdo al último decreto tarifario de 2023, el 90% de los clientes residenciales del país, con consumos inferiores a 350 kWh al mes, tuvieron un alza promedio de 2,5%. A su vez, los usuarios con consumos entre 300 y 500 kWh vieron elevada su tarifa en 10% promedio, y aquellos con consumos superiores a 500 kWh tuvieron un incremento de 16,5% promedio.
Alza de $11/kWh para clientes
El jueves pasado se escribió otro capítulo en la crisis de las renovables. La empresa Mainstream Renewable Power, el segundo mayor actor eólico y solar del país, informó que, en acuerdo con los bancos financistas, inició un proceso de reorganización judicial de capital y deuda para las sociedades Huemul Energía SpA y Cóndor Energía SpA, que forman parte de la plataforma eólica y solar Andes Renovables de 1,4 GW en Chile. Según explicó la firma —de capitales noruegos, japoneses e irlandeses—, el proceso de reestructuración judicial busca la sostenibilidad de las empresas de energía, tras las pérdidas financieras sufridas por el sector de las energías renovables en Chile.
Las primeras señales de la crisis del sector se vieron el año pasado, cuando en septiembre de 2022 la generadora María Elena Solar, de la española Solarpack, anunció su salida del mercado debido a la imposibilidad de cumplir con la cadena de pagos. La empresa fue declarada en quiebra en abril de 2023 a solicitud de su principal acreedor, el banco alemán KfW. Y en octubre del año pasado, la también hispana Ibereólica Cabo Leones II declaró que no podría dar cumplimiento a sus obligaciones de pago en el sistema. Recién la semana pasada informó que normalizó su situación de pagos.
En febrero pasado, nueve generadoras renovables enviaron una carta al ministro de Energía, Diego Pardow, pidiendo cambios en la tarificación de este tipo de energías, para que la generación renovable que hoy se valoriza a cero por exceso de oferta o congestión en las líneas de transmisión, se pagara a precio de centrales térmicas prendidas por seguridad (mínimos técnicos).
El tema luego escaló a nivel diplomático y fue planteado en junio durante la visita que hizo a Chile la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La Unión Europea busca una solución al problema que enfrentan las empresas de energía renovables del Viejo Continente, pues las firmas europeas han invertido más de 5.000 millones de euros en nuestro país.
Para intentar dar una solución, el 11 de julio el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de transición energética, propuesta que busca modificar el mecanismo de asignación de ingresos tarifarios, promover el desarrollo de obras de transmisión e impulsar proyectos de almacenamiento, entre otras medidas.
Pero el trámite legislativo no promete celeridad y esta semana, en la comisión de Minería y Energía del Senado, representantes del sector privado, mundo académico y parlamentario, plantearon dudas y reparos a la iniciativa, donde la principal preocupación apunta al impacto que tendrá en las tarifas para todos los clientes. ‘Este proyecto no es bueno, es demasiado grande y muy complejo, y tal como está, no vamos a ser capaces de sacarlo ahora. Y en la próxima revisión de tarifas, lo más probable es que tengamos un alza, que no podemos parar. Hay que sincerar la situación: las alzas de tarifas van a venir sí o sí, y no podemos estar colocando piedras para que no pase el cauce del río, si al final lo va a desbordar igual’, dice el senador Prohens.
Su par Juan Luis Castro (PS) agrega: ‘Urge una política de subsidio a las personas, y el Gobierno tiene que abrirse a ese escenario. Me parece razonable, pensando en que las empresas tienen que sobrevivir, pero las personas tampoco se pueden llevar en el costo de bolsillo esta transición energética que se está planteando. El proyecto va a implicar un mayor costo del sistema. Nos interesa que las empresas sigan subsistiendo, pero no a costa de los clientes residenciales, porque la tarifa va a afectar a la gente’.
La Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) hizo el cálculo y estimó que el impacto del proyecto del Ejecutivo en la cuenta final de los clientes, regulados (residenciales) y libres (empresas), será de aproximadamente $11 por kWh de consumo. En la entidad ejemplifican el impacto en el sector productivo: un aserradero en Loncoche tendría que adicionar $3,4 millones a los $35 millones mensuales que hoy paga, en promedio, por su tarifa eléctrica. Una agrícola en San Vicente debería sumar $3 millones a su cuenta de $32 millones que paga hoy en promedio; y la zona franca de Iquique tendría que cancelar $5,1 millones más a los $50 millones que hoy cancela en promedio al mes.
‘Dependiendo del tipo de industria, el costo eléctrico representa entre un 20% y 30% de los costos totales, en algunos casos incluso llega al 50%. En la experiencia internacional, los mayores costos son compartidos, no solo con cargo a los clientes’, expresa Javier Bustos, director ejecutivo de Acenor. Precisa que desde 2020 el precio promedio a los clientes industriales ha subido en 80%.
El Ministerio de Energía discrepa de esos cálculos y en la sesión en el Congreso, el ministro Pardow admitió que el costo al cliente sería de poco más de $1/kWh.
Pero algunas estimaciones privadas apuntan a que una cuenta que paga un cliente residencial en Cerrillos, con un consumo mensual de 300 kWh, subiría de los $39.713 actuales a $43.875.
El académico de la Universidad de Santiago Humberto Verdejo coincide en que ‘el proyecto está poniendo más piedras en la mochila del usuario. Supone un mayor costo de transmisión, y ese costo lo pagarán todos los clientes por igual, regulados y libres’, y advierte que ‘el proyecto es discriminatorio y arbitrario. Principalmente va a beneficiar a empresas renovables no convencionales, son las grandes ganadoras con este proyecto’.
Propone que en la reasignación tarifaria, en vez de beneficiar solo a las ERNC, ‘compitan todos los generadores, y se junte una bolsa de plata que se distribuya entre los clientes regulados, como subsidio, y en los usuarios libres, para amortizar el costo’.
El proyecto del Gobierno también supone licitar infraestructura de almacenamiento de energía, para sortear el problema de las pérdidas de producción renovable por falta de capacidad de transmisión. ‘Por qué esas inversiones las deben pagar los usuarios, una infraestructura que será usada solo por generadores renovables, que hicieron malas proyecciones de riesgo y especularon también, pero que para el usuario final no implica una mejora en el servicio ni una menor tarifa’, cuestiona Verdejo.
La señal de localización que se eliminó
A juicio del académico de la Usach, uno de los orígenes de la actual crisis, mezcla de sobreoferta de ERNC y falta de ‘carreteras’ para transportar la energía, fue la Ley de Transmisión, de 2016, que traspasó el cargo por el ítem de transmisión a todos los usuarios y eliminó la señal de localización. ‘Los generadores renovables dijeron: ‘Me da lo mismo dónde me instalo, al final las líneas las van a pagar los usuarios. Y construyeron proyectos de inversión en el norte, por el alto potencial solar, y nadie tomó en cuenta que la tarifa iba a subir, porque ahora lo iba a pagar el usuario. Resultado: hay una sobreoferta de proyectos conectados en la zona del norte’, plantea Verdejo.
Agrega otro elemento. ‘Las ERNC especularon, porque si tienes un recurso, como el sol o el viento, que puede producir solo en el día, no es razonable que tomes compromisos en horarios donde no puedes generar electricidad. Se apostó a que los contratos los podrían cumplir haciendo compras en el corto plazo a costo marginal, pero hoy esos valores se dispararon. Hay empresas renovables que tienen contratos a US$ 40 y US$ 45 MWh, y el costo marginal ha llegado a US$ 300. Obviamente, no tienen posibilidad de cumplir sus contratos y están con perjuicio económicos’, subraya.
Un tercer elemento, añade, es la responsabilidad de la propia autoridad: en los gobiernos de Bachelet II y Piñera II, que dejaron que el mercado fluyera de manera libre sin control. ‘Los proyectos de generación tardan entre uno o dos años en construirse, pero las líneas de transmisión demoran 10 años. La generación avanzó mucho más rápido que la transmisión’, puntualiza.
El principal proyecto que podría destrabar el cuello de botella es la línea de transmisión para la zona norte Kimal-Lo Aguirre; se trata de unos 1.400 kilómetros, que permitían transportar 3.000 MW, con una inversión estimada en US$ 1.500 millones. Esa línea debería estar operativa en 2029, pero recién está en tramitación ambiental y en la industria no se espera lista antes de 2033.
Desde el gremio de las empresas renovables, Acera, se defienden y enfatizan que el proyecto ‘no puede calificarse como un traje a la medida para las renovables (…) Las compañías renovables fueron invitadas por el Estado de Chile a invertir en la transición energética y tanto ellas como toda la banca internacional que ha financiado los proyectos, analizaron las condiciones ofrecidas entendiendo que serían cumplidas’, dicen en la entidad. Agregan que ‘las compañías renovables y la banca internacional están operando con éxito en un gran número de países, es en Chile donde todas ellas están sufriendo problemas financieros, lo que pone en evidencia que se requieren ajustes al actual modelo de mercado’.
En privado, muchas empresas renovables responsabilizan a las autoridades por haber sido incapaces de cumplir con los compromisos de la Ley de Transmisión de 2016, que prometió las holguras necesarias en las redes de transmisión para el adecuado funcionamiento del sistema.
En el sector privado también admiten que hubo un desarrollo desmedido por parte de algunos inversionistas, ‘y con precios ofrecidos en las licitaciones de suministro muy fuera de la realidad del mercado’.