Columna de Opinión escrita por el director ejecutivo de ACENOR, Javier Bustos, en la que detalla que en la última década, el número de los denominados clientes libres ha crecido de manera sustancial en múltiples sectores productivos y de servicios. Este aumento representa un cambio en el papel que estas empresas deben jugar en la búsqueda de una mayor competencia en nuestro mercado eléctrico.
Santiago, 11 de octubre de 2022
Cuando hablamos del mercado eléctrico, típicamente se piensa en infraestructura de generación, transmisión o distribución. Pocas veces recordamos que para que exista dicha infraestructura, es necesario que haya demanda que la justifique. Particularmente en el caso de la generación, los contratos de suministro, tanto para clientes regulados como libres, son condición fundamental para acceder a financiamiento que permita construir nueva capacidad de generación. Es por ello que las condiciones de competencia en el mercado de contratos son tan importantes para un buen desarrollo del sistema eléctrico en su conjunto.
La transición energética ha permitido que nuevos generadores renovables entren al mercado eléctrico ofreciendo condiciones de precio de energía favorables para los clientes libres en particular. Sin embargo, para que la totalidad de los beneficios de una mayor intensidad competitiva se traspasen a los precios que pagan los clientes libres, se requiere que estos tengan la capacidad real y efectiva de cambiarse a un proveedor que ofrezca mejores condiciones. En una reciente investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se detectaron cláusulas en algunos contratos libres que tienen potencial de limitar la competencia. Estas cláusulas permiten igualar tarifas de la competencia, lo que puede constituir una barrera a la entrada.
Las cláusulas de igualación confieren el derecho preferente a la empresa que actualmente suministra al cliente para mantener su servicio, en función de la cual puede igualar ofertas de terceros. Este tipo de cláusulas generan diferentes riesgos. Por ejemplo, pueden ser usadas como mecanismo de monitoreo de una colusión, pero también pueden inhibir o, incluso, impedir la entrada de nuevos competidores al mercado. Por esta razón es que son habitualmente sometidas a escrutinio por las autoridades de libre competencia en todos los mercados.
Afortunadamente, en esta oportunidad, después de la investigación llevada adelante en el mercado de clientes libres, la FNE llegó a acuerdo con las empresas suministradoras que todavía tenían este tipo de cláusulas para que se eliminen en los contratos vigentes y no se vuelvan a incluir en futuros contratos, abriendo la posibilidad a una mejor competencia en el mercado. Pero aún cabe preguntarse qué otro tipo de mejoras podrían introducirse en el mercado de contratos libres, que beneficien en particular a clientes de menor tamaño, donde las asimetrías de información y de poder de negociación son mayores.
Una evolución del mercado
Hoy existen más de 2.000 clientes libres que representan el 60% del consumo energético del sistema eléctrico nacional. Hace 10 años, no había más de algunos cientos. Estos usuarios se encuentran en los distintos sectores productivos como el agrícola, forestal, aserraderos, industria, minería, condominios de edificios, comercios, hospitales, universidades, clubes deportivos, transporte público, puertos, etc. Sin duda, son clientes heterogéneos, aunque los une un ámbito: buscan suministro preferentemente renovable, con lo que impulsan la descarbonización energética. Para una transición energética a precios justos es condición fundamental que los mercados funcionen competitivamente.
Aquí el rol de los clientes ha cambiado, por lo cual se requiere que los mismos tengan un mayor involucramiento en el sector, con conocimiento de los cargos que se les aplican, la regulación que le rige y de las perspectivas del mercado.
En general, los clientes eléctricos están alejados de muchos de estos conceptos, dado que no es su rol o función principal. He aquí una oportunidad para incorporar a la demanda como parte fundamental dentro de la regulación, para aumentar la eficiencia en la operación del sistema y también para cumplir con los objetivos de carbono neutralidad que tenemos como país.
