Por mucho que, como sector eléctrico, nos guste que aumenten las inversiones y los empleos energéticos, esto no puede ser a costa de precios de la electricidad que afecten la competitividad de los sectores productivos.
Santiago, 30 de enero de 2023
*Columna de Opinión escrita por Javier Bustos y publicada en Revista ELECTRICIDAD
Desde hace un tiempo, la agenda energética parece haberse volcado sólo a cómo vamos a construir nuevas centrales de generación y líneas de transmisión en el menor tiempo posible. Esto podría ser natural dada la situación de escasez que nos tiene aún con decreto de racionamiento vigente, así como también debido a las necesidades de nueva infraestructura para avanzar en las metas de cambio climático. Pero no podemos olvidar el hecho de que la energía eléctrica es producida como un insumo para la vida diaria de nuestra sociedad y no como un fin en sí mismo.
El objetivo del desarrollo del sector eléctrico siempre es abastecer la demanda. Sin usuarios de energía no hay contratos de suministro que apalanquen financiamiento para nuevas centrales ni que justifiquen nuevas expansiones de transmisión. Por ello es tan importante no olvidar cuál es la orientación que debe tener el diseño de nuestro mercado eléctrico.
Evidentemente son buenas noticias que el último informe de política monetaria del Banco Central haya destacado que el mejor desempeño de la inversión fue impulsado por la inversión en energías renovables. Pero hay que poner la situación en perspectiva. La inversión en el sector eléctrico representa en promedio cerca de un 12% de la inversión nacional, muy por debajo de la suma de los sectores productivos mineros, industriales, agrícolas y comerciales.
Y por supuesto que son buenas noticias los empleos que genera el sector eléctrico. Pero a nivel nacional, según el INE, el sector de suministro de electricidad y gas promedia un nivel de empleo de 42 mil personas, mientras que sólo el sector industrial manufacturero tiene más de 870 mil.
Por mucho que, como sector eléctrico, nos guste que aumenten las inversiones y los empleos energéticos, esto no puede ser a costa de precios de la electricidad que afecten la competitividad de los sectores productivos. Los estudios disponibles (García, 2015) indican que por cada aumento en 10% del precio de la electricidad, la inversión nacional cae un 2%.
Por lo tanto, debe ser tarea fundamental de la política energética procurar precios competitivos de la energía, y no solamente que sea rentable invertir en más generación y transmisión a cualquier costo. Por ello es tan lamentable que en la actualización de la política energética de inicios del 2022 se haya decidido eliminar la meta de tener precios competitivos a nivel OCDE para los clientes residenciales e industriales, que sí estaba considerada en la política vigente desde 2015. Sin foco en la eficiencia, corremos el riesgo de crear un sistema eléctrico estructuralmente caro, que ponga en riesgo no sólo el desarrollo económico sino también las metas de transición energética del país.
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